El caso se sitúa en la ciudad de Palmdale, al norte del condado de Los Ángeles, en el estado de California, Estados Unidos. En esta historia se cuenta la tortuosa vida de Gabriel Fernández, nacido en el año 2005, hijo de Pearl Fernández y Arnold Contreras. Al nacer, la madre no quiso quedarse con él, por lo que su tío materno, Michael Lemos y su pareja David Martínez, obtienen la custodia y se queda con ellos por 4 años.
El abuelo preocupado porque dos personas homosexuales no podían criar correctamente a su nieto, se lo lleva a su casa y allí vive con sus dos hermanos, Ezequiel y Virginia, también hijos de la unión de Contreras y Fernández. En 2011 Isauro (pareja de Pearl) y Pearl se quedan con la custodia de Ezequiel y Virginia, y un año más tarde, por medio de engaños, Isauro se lleva a Gabriel de la casa de los abuelos. Su abuela denuncia el secuestro por parte de Aguirre y Fernández, quienes se llevan al niño a vivir con ellos para obtener la suma de dinero del subsidio familiar que otorga el Estado.
Gabriel, en los ocho meses que vive con su madre y la pareja de ella, tiene que enfrentarse a todo tipo de violencia, además de vivir en un barrio que se relaciona con un ambiente de crueldad y crímenes, conocido por ser un punto de encuentro de pandillas en constante disputa por el territorio, como la DAF “Dispuesto a Pelear”. Es importante agregar que cada uno de estos grupos ilegales construyen fronteras invisibles como símbolo de dominación y poder, creando miedo y haciendo que la libertad de los habitantes se vea coartada.
Al analizar la historia de Estados Unidos, estos grupos ilegales siempre han tenido el dominio del poder en las poblaciones vulnerables. Estos se encargan de establecer el orden, debido a la falta de Estado, muchas veces imponiendo la educación, el arte y la cultura, pero sobre todo la violencia, como lo afirma Enrique (2010) en su artículo “Barrios de riesgo, estilos de socialización parental y problemas de conducta en adolescentes”, estos adolescentes que viven en este tipo de lugares, carecen de control ya que aprenden conductas agresivas y violentas como único método para la resolución de conflictos. Al Gabriel estar inmerso en una población en la que la violencia es algo común, lo vuelve más vulnerable a estar en una posición de constante riesgo.
La familia de Gabriel está constituida por su padre, Arnold Contreras quien estuvo entrando y saliendo de la cárcel la mayor parte de la vida de su hijo, por lo que no obtuvo protección ni cercanía con él. Su madre, Pearl Fernández, quien, según Wendy Smith, académica distinguida en la escuela de trabajo social de la USC (University of Southern California), tiene una capacidad intelectual limitada, deja los estudios escolares después del segundo grado de secundaria y empieza a consumir drogas desde una edad muy temprana, así que en el periodo que ocurre el desarrollo cerebral se produce un daño por el consumo. Ha sido diagnosticada con depresión, discapacidad del desarrollo, un posible trastorno de la personalidad, trastorno por estrés postraumático, anormalidades en la región frontal derecha del cerebro y trastornos alimenticios. El informe muestra además, una posible violación en grupo y un intento de violación por parte de su tío, así como violencia doméstica tanto cuando era niña como adulta. Todo esto da una idea de su sentido del mundo exterior, los peligros que representa y su posible victimización.
Al conocer el historial psicológico y emocional de Pearl, se logra analizar que no vio a Gabriel como alguien que necesitaba de su afecto y protección, ella vio en él, la parte de su ser que no fue protegida, a lo que se puede denominar como “síndrome del chivo expiatorio o la oveja negra”, que se da cuando en un hijo recaen todas las fallas de la familia, cuando el individuo actúa de forma muy diferente o extrema e incide en la parte negativa del grupo familiar (Márquez & Páez,1996,p.3).
Según la serie de Netflix “Justicia para el pequeño Gabriel” la primera señal alarmante que hizo pensar que algo no estaba bien, fueron las cartas de sucidio que el niño le entrega a la madre, expresando sus deseos de morir y algunas notas de suicidio. Allí la consejera se contacta con la línea de protección infantil, quienes después recurren a Pearl para asegurar el bienestar de Gabriel, a lo que ella responde que esas cartas las hacía solo por llamar la atención. Por otro lado, la profesora Jennifer García, del colegio Summerwind, donde estudiaba Gabriel, empieza a sospechar de un posible abuso contra el menor y por esto llama a protección de menores, donde es contactada posteriormente por Stefanny Rodríguez, trabajadora social, nueva en el Departamento de Servicios Infantiles y Familias, a la que se le asigna el caso.
El niño se empieza a aislar de los compañeros del colegio y muchas veces manifestaba comportamientos agresivos o deseos de no volver a su casa. La profesora antes mencionada, llama hasta 4 veces a la trabajadora social, pero después Gabriel le asegura que si ella llama y Stefanny se hace presente en su hogar, lo iban a golpear y castigar más. Aquí se hace presente un eje deliberativo en el que la profesora tiene que decidir entre contactar o no a la trabajadora social, ya que al hacerlo, el padrastro y su madre podrían tomar represalias contra el niño, ¿Entonces qué hacer cuando un menor está siendo abusado?
Los trabajadores sociales llevan en promedio 30 casos, por lo que el supervisor Gregory Merritt está a cargo más o menos de 200 a 300 niños, él afirma que el sistema está sobrecargado, además de que está a favor de la preservación familiar, en donde se afirma que un niño está mejor si se puede quedar con la familia, incluso cuando las circunstancias no sean las mejores, ya que el proceso que viven al alejarlos es muy traumático. Los argumentos de este supervisor son enfrentados por la parte que está en contra, quienes afirman que es mejor alejar al niño de un entorno abusivo familiar. Esto quiere decir, que el sistema está demasiado orientado a los derechos de los padres y la preservación familiar y hay poco énfasis en los derechos de los niños. El estado no funciona porque está basado en los términos incorrectos.
Por otro lado, la directora ejecutiva del programa de Intervención Contra la Violencia, Astrid Heppenstall, es recultada por el servicio de salud del condado de Los Ángeles para crear un programa de abuso infantil, en donde se apoya al Departamento de Servicios Infantiles y Familias, con el fin de servir de guias para los trabajadores sociales que se encuentran confundidos con el caso de un niño en especifico. Así que los trabajadores sociales del caso, sabían que tenían un apoyo que habría salvado la vida de Gabriel. Es obligatorio llevar al niño al centro y tener una tercera opinión, allí los trabajadores sociales tenían los recursos a la mano y en ningún momento solicitaron una orden para llevarlo al centro ¿Negligencia o complicidad? ¿Hasta qué punto el Estado puede salvar la vida de alguien en peligro?
Hay algo en la muerte de Gabriel que es inusual, ya que este caso escaló a la Junta de Supervisores (el grupo más poderoso de la ciudad de Los Ángeles), quienes se encargan de los presupuestos del estado de California (30 mil millones de dólares), manejan las playas y los puertos, los hospitales públicos, financian el Departamento del Alguacil, financian la Fiscalía, tienen poderes legislativos y políticos, supervisan la red de seguridad social y controlan una agencia que se ocupa del bienestar de los niños.
De igual forma existe una subcontratación por parte del condado de Los Ángeles a la una compañía externa llamada Maximus, organización con fines de lucro que se encarga de ayudar a que los gobiernos brinden servicios para la población más vulnerable y se le terceriza para la coordinación de la Oficina de Bienestar de Palmdale. A esta solo le importa las ganancias para sus compañías, en lugar de maximizar el bienestar de las poblaciones vulnerables que necesitan los servicios y se refieren a los niños de acogida como “mecanismos generadores de ganancias”. Aquí, se muestra reflejado el poco interés por parte de los entes gubernamentales y del sistema, para formar y crear departamentos descentralizados y sin ánimo de lucro, que garanticen el bienestar de las poblaciones vulnerables. Asimismo, se evidencia la corrupción, puesto que muchos se han acercado a hablar de los problemas graves que suceden alrededor del departamento, pero no han sido escuchados y algunas de las evidencias han sido destruidas.
Hay una cultura del secretismo en el Departamento, que se basa en el concepto de privacidad y confidencialidad, los burócratas tienden a operar para protegerse a sí mismos y a la gente con poder, así que los que están por debajo de ellos se vuelven el problema, pues al asegurar que algo no anda bien, los altos cargos tratan y hacen todo lo posible para mantener el statu quo y preservar la institución a toda costa. Las personas que sirvieron de fuentes para la investigación fueron anónimas, por seguridad de la persona y por la posibilidad de pérdida del trabajo. Además, se realizó una persecución a los correos que los periodistas enviaron a todos los trabajadores y analizaron las respuestas de estos. Por consiguiente, los oficiales que fueron a investigar, los trabajadores sociales que estuvieron involucrados fueron castigados, pero sobre todo fueron negligentes, cumplieron sus deberes legales con indiferencia, y la decisión moral es la que sobrepasa al final, ya que es la única capaz de cambiar algo en la sociedad. Gabriel Fernández tenía apenas 8 años, pero su muerte expone la corrupción, el secretismo y la necesidad de cambio en una sociedad podrida para así impactar al sistema.
Es necesario resaltar el papel de Arturo Miranda, antiguo guardia de seguridad en la oficina de Gain (Greater Avenues for Independence), quien trabaja para el Departamento de Servicios Sociales Públicos en Palmdale y quien visualiza el gran problema del sistema. Al ver al niño, Miranda asegura que el cuerpo, las marcas y heridas de Gabriel hablaban por él, tratando de pedir ayuda. Lo que más le enfureció e impactó, es que su colega Maricela Corona, de atención de casos de violencia doméstica y subcontratada por la compañía Maximus, no quiso entrometerse en el asunto porque su supervisora, Suzanne Harms, no le dio ni autorización ni le quiso pagar horas extra, por lo que Maricela se fue, dejando al niño sin una revisión. Asimismo, ni el propio supervisor de Arturo Miranda, ni el 911 o los policías, le ayudaron a cuidar de este niño que tenía que ser atendido.
Otro caso que demuestra la corrupción y la cultura de secretismo en el sistema del condado de Los Ángeles, es que por más de 3 años el Departamento del Alguacil hizo una investigación paralela, reteniendo información, entrevistas y cientos de páginas, comprometiendo el caso. También, Robert Faturechi, reportero de ProPublica afirma que este informe fue escondido a propósito pues, la cultura de ser leal a los colegas se respeta por encima de todo en el Departamento del Alguacil y hay muy poca responsabilidad. Al igual, este Departamento amenaza al FBI (Federal Bureau of Investigation) haciendo cosas al margen de la autoridad, evidenciando el poder y el mal uso de este tanto en los asuntos internos como externos.
El 23 de mayo de 2013 a las 10 p.m. la línea de emergencia 911 recibe una llamada, donde Isauro Aguirre explica la situación de Gabriel Fernández, quien no tenía respiración en el momento. Los paramédicos se dirigen al barrio y llegan al apartamento número 8, en donde se dan cuenta que la situación de Gabriel era muy diferente a la descrita por Aguirre. Los paramédicos se contactan con Christine Estes, enfermera de trauma en el hospital Antelope Valley, y le confirman que van con un paciente con el nivel más alto de emergencia (número 3), ya en el hospital, lo diagnostican con fractura en el cráneo, garganta quemada, ojos morados, bala en el pulmón y la ingle, corte extraño en el pene, quemaduras de cigarrillo; había tanto trauma en el cuerpo de Gabriel, que no sobrevive y muere al otro día. Por otro lado, Isauro Aguirre y Pearl Fernández, son juzgados por asesinato en primer grado, asesinato intencional e involucración de tortura, Aguirre es sentenciado a pena de muerte y Pearl, al declararse culpable, es condenada a cadena perpetua.
Si se compara al Estado colombiano con el americano, es necesario hacer un contrapeso de poderes. En el colombiano, aunque se comentan delitos como violación u otros, la pena de muerte nunca va a ser puesta en consideración, en Colombia la carta de Derechos Humanos la prohibe, esto se debe a la deliberación que hay en la opinión pública sobre quitarle la vida a un individuo y la protección hacia esa vida, ya que a cada persona la protege las leyes. En cambio, en el caso americano, además de ser estricto con las leyes, en algunos estados todavía es aceptada la pena de muerte.
En cuanto a los medios, con los documentos se puede analizar por escrito la cronología de lo que salió mal y lo que lo hizo público. El deber de los periodistas fue publicarlo rápidamente, para que la sociedad conociera este caso y reflexionar sobre él. Al subir la noticia en el periódico Los Ángeles Times, todas las perspectivas ideológicas, todos los colores políticos se manifestaron, y era una historia que no podía ser ignorada. Se realizaron manifestaciones en el condado de Palmdale, las personas gritaban “Justicia para Gabriel” y pedían apoyo a los demás por medio del pitido de las bocinas de los carros. El papel de los medios en este caso fue hacer visible lo invisible, mostrar, publicar, investigar, acerca de este caso, que se repite todos los días en el mundo, para ponerle un paro al sistema, para hacer que este reaccione y para evidenciar todo lo que se está haciendo mal.
Un testigo clave de la investigación asegura que “divulgar ese informe era infringir la ley y el protocolo, y violar la confianza y las obligaciones legales, cualquiera sea la pena por arriesgarse así es mejor que dejar que el sufrimiento siga sin ser objetado”. Dicen que un ser humano se mide por cómo trata a la población vulnerable (animales, niños y ancianos), pero, en estos casos, ¿prima la vida o prima la justicia? ¿Qué hacer cuando el sistema está mal, en donde el que quiere ayudar es juzgado por la ley, el que quiere hablar es silenciado y amenazado, el que sobrepasa el estado para hacer el bien, termina siendo el villano? Pero, de vez en cuando se encuentran héroes, que luchan y que en ocasiones deben pasar por encima de lo estipulado por la ley para hacer el bien. Jonathan Hatami, fiscal a cargo del caso se pregunta: ¿El sistema le falló a Gabriel? “Yo también soy parte del sistema y tengo que resolver este caso, para asegurarme de que todos a quienes contacto obtengan justicia, y de que todos los responsables respondan por sus actos”.
Referencias
Hermann, J. (Productor), & Knappenberger, B. (Director). (2020). Justicia para el pequeño Gabriel [Serie]. Estados Unidos: Common Sense Media.
Enrique Gracia, María C. (2010). Barrios de Riesgo, Estilos de Socialización Parental y Problemas de Conducta en Adolescentes. Psychosocial Intervention, 19(3), 265-278. Recuperado de: http://scielo.isciii.es/pdf/inter/v19n3/v19n3a07.pdf
Marques, J., & Páez, D. (1996). Identidad Social y diferenciación intergrupal: el efecto “oveja negra” como una función y un antecedente del control social subjetivo. Identidad Social. Valencia: Promolibro.
