La educación en nuestro país es un derecho fundamental y un servicio. Tiene una relación directa con el desarrollo individual y social y con la superación de la pobreza. Por lo tanto, hay responsabilidades compartidas entre la sociedad, la familia y el Estado. Pero el Estado tiene la obligación de velar por la calidad del servicio, de regularlo y vigilarlo. Además, debe garantizar el acceso gratuito a la educación de todo ciudadano, al menos en el nivel básico y medio.